La actuación de los funcionarios públicos y políticos, sobre todo en épocas de crisis, cuando el estado entrega una gran cantidad de recursos fiscales adicionales para enfrentar catástrofes, deben estar, más que nunca, alineadas a los valores y criterios éticos, como la integridad, responsabilidad, objetividad, imparcialidad y transparencia en su actuar en la toma de decisiones. Debería ser requisito estar capacitados en Compliance, sobre todo para las posiciones de alta administración pública. Hay que detectar en forma temprana los posibles conflictos de interés para mitigarlos, es prioritario desarrollar una cultura del Compliance, que replique las buenas prácticas internacionales de generar sólidos y medibles planes de integridad y de conflictos de interés y en caso que no se cumplan, congelar los financiamientos, lo que debería incentivar a cumplir estos planes y que no quede como letra muerta o solo una declaración de principios. Aplicar técnica como la (DD) debida diligencia, por ejemplo cruzar bases de datos que tiene la administración pública para la prevención y detección de conflictos de interés entre los funcionarios públicos y políticos con los proveedores del estado, que el gobierno corporativo de las empresas proveedoras del estado, firmen documentos que informen totalmente si tienen o no conflictos de interés y que éstos indiquen las sanciones que se enfrentan al ocultar información, que la información de las empresas proveedoras del estado sea pública, con el objetos que los reguladores y organizaciones independientes puedan monitorear los contratos públicos.
Otra de las buenas prácticas internacionales, en el proceso de los contratos públicos, es en la etapa de la ejecución, donde se pueden producir los mayores actos de corrupción en la ejecución del contrato, cuando lo entregado por el proveedor es de menor calidad y no se cumple con las especificaciones técnica adjudicadas. Como ha ocurrido en terremotos a nivel internacional, donde las construcciones no cumplían con los estándares y normas exigidas. Una buena práctica internacional, recomiendan que sean terceros los que fiscalicen los contratos y la ejecución de éstos de acuerdo a sus especificaciones técnicas, por ejemplo en viviendas sociales.